La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término abre un nuevo escenario político en Washington que podría afectar algunos de los planes de la Administración del presidente Donald Trump hacia Venezuela, particularmente el acuerdo petrolero suscrito con North American Blue Energy Partners (Nabep), vinculada al empresario Alejandro Betancourt. Los demócratas recuperaron la mayoría en ambas cámaras. Trump llegó a los comicios con la popularidad más baja de un presidente desde 1946, y los votantes expresaron su rechazo por el costo de la vida, los aranceles y la guerra contra Irán. Los republicanos perdieron incluso en estados que Trump ganó con amplia ventaja en 2024, como Texas, Kansas, Ohio, Iowa y Carolina del Sur.
El acuerdo, anunciado a finales de agosto, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles. Estados Unidos tiene derecho a una participación de 35% en la compañía y acceso preferencial a 20% de su producción a precio de costo. Según una revisión de sus cláusulas, el pacto permite a EE. UU. comprar ese 20% a 30 dólares por barril y le da prioridad para adquirir el resto del crudo durante cincuenta años. El primer cargamento, de un millón de barriles, llegó a Corpus Christi, Texas, el 27 de octubre. Nabep sostiene que cuadruplicará la producción hasta superar el millón de barriles diarios, frente a unos 224.000 a mediados de octubre.
En cuanto a los ingresos para Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el convenio tendría una vigencia de 25 años, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, y que a un precio de referencia de 65 dólares por barril el país podría recibir 209.335 millones de dólares. Esto equivale a cerca de 19 dólares por cada barril producido y vendido. Sin embargo, una investigación señala que el acuerdo no contempla una obligación explícita de pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca había presentado como resultado esperado. Además, el texto no exige representantes del Gobierno venezolano en la junta directiva y establece que las disputas se resolverán ante un tribunal federal de Texas. Antes de este pacto, en enero, Rodríguez había anunciado el ingreso de los primeros 300 millones de dólares de un acuerdo inicial de 500 millones por la venta de crudo venezolano bajo supervisión estadounidense.
Con un Congreso en contra, el poder de Trump se reduce: los demócratas podrán bloquear leyes republicanas, controlar el gasto, frenar nombramientos en el Senado y abrir investigaciones contra miembros de su Administración. Un Congreso más crítico podría exigir transparencia sobre los contratos energéticos, las condiciones de las negociaciones y los compromisos asumidos con el Gobierno interino. Para Venezuela, esto representaría un escenario de incertidumbre, pero también una oportunidad para establecer reglas más claras. Se prevé que los demócratas soliciten informes y auditorías sobre el destino del dinero del petróleo venezolano que ingresa a cuentas en Estados Unidos y sobre el control de los presupuestos de la presidenta encargada. Las redadas del ICE, que han generado fuerte polémica, también están sobre la mesa.
