La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) desató una crisis financiera y política que alcanzó al presidente Santiago Peña. El organismo inició un proceso de resolución bancaria tras constatar que el índice de solvencia de la entidad cayó a 5,56 %, menos de la mitad del mínimo regulatorio de 12 %. Las inspecciones detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos, inconsistencias en la información usada para aprobar préstamos y créditos a empresas vinculadas a los accionistas por encima de los límites permitidos. Los ajustes contables superaron los 1,6 billones de guaraníes, y el banco no pudo reponer un encaje legal de US$70 millones, pese a que días antes había anunciado un plan de capitalización por US$100 millones.
La medida suspendió operaciones, cerró sucursales y congeló retiros, transferencias y depósitos de unos 2,9 millones de clientes, cerca de la mitad de la población del país. El banco tenía depósitos por unos US$2.836 millones a septiembre. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante (unos US$38.000), lo que protegería totalmente a alrededor del 97 % de los ahorristas. El 3 % restante, unas 87.000 personas, podría tener dificultades para recuperar la totalidad de sus fondos si superan ese límite. Su recuperación dependerá de los activos disponibles y del proceso de resolución. A esto se suma que Ueno administraba entre US$800 millones y US$850 millones en fondos públicos, incluidos entre US$355 millones y US$380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), que gestiona las jubilaciones.
En el plano judicial, la Fiscalía abrió una investigación penal por presunta lesión de confianza y otros delitos, y ocho directivos y ejecutivos fueron detenidos. La Justicia dispuso embargos preventivos por US$70 millones y 1,62 billones de guaraníes sobre bienes de directivos y sociedades accionistas como U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, renunció a pedido de Peña. Carvallo había presidido antes Financiera Ueno, de la que nació el banco, y fue reemplazado de forma interina por Liana Caballero. El Ejecutivo promulgó una ley que fija un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos y afirmó que se trata de un problema específico de Ueno y no de todo el sistema bancario.
La dimensión política creció por los vínculos de Peña con el grupo propietario, del que fue accionista hasta abril de 2025. La oposición reunió las firmas para presentar una acusación por conflicto de intereses, injerencia en el IPS y presunto enriquecimiento ilícito, mientras el Partido Colorado, de Horacio Cartes, le retiró su apoyo. Peña anunció su renuncia en un video, pero las informaciones posteriores indican que esta no se concretó y que será sometido a juicio político. El Senado rechazó su pedido de prórroga y le exigió presentarse, y el mandatario aseguró que ejercerá su derecho a la defensa. La Constitución exige dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase al Senado, que también requiere dos tercios para declarar culpable al acusado y destituirlo.
