Para marzo de 2026, el panorama petrolero en Venezuela ha experimentado cambios significativos debido a reformas legales y una nueva flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos.
Chevron es la principal empresa extranjera operando en el país a través de empresas mixtas como Petropiar, Petroboscán, Petroindependencia y Petroindependiente. En el caso de Petropiar, PDVSA tiene una participación del 70% y Chevron del 30%, dedicándose a la extracción y mejoramiento de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco. Sus operaciones en Anzoátegui alcanzan una extracción superior a los 100.000 barriles diarios. Sin embargo, un nuevo acuerdo otorgaría a Chevron los derechos para producir en el área Ayacucho 8, ubicada al sur del área del proyecto Petropiar, para aumentar sustancialmente la producción y exportación de petróleo extrapesado.
En el caso de la petrolera italiana Eni, Venezuela ahora podrá pagar el gas recibido utilizando crudo, lo que desbloquea una deuda estimada de $3.000 millones. Por su parte, Repsol mantiene operaciones en campos como Petroquiriquire y el proyecto de gas Cardón IV (junto a Eni). Repsol prevé aumentar su producción un 50% en este 2026 y tiene como meta triplicarla para finales de 2028. La firma estima destinar entre 3.500 y 4.000 millones de euros a dividendos y recompra de acciones, respaldada por un flujo de caja operativo creciente. La petrolera española mantiene una exposición patrimonial en Venezuela cercana a los 276 millones de euros.
Shell, por su parte, firmó varios acuerdos petroleros con el gobierno venezolano que abarcan oportunidades en gas natural y petróleo en tierra. También suscribió acuerdos técnicos y comerciales con la empresa de ingeniería venezolana Vepica, así como con KBR y la firma estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes. Además de las cinco grandes autorizadas, se ha mencionado el interés de compañías como Valero, Phillips 66 y ExxonMobil, quienes buscan aprovechar la reapertura del sector tras el levantamiento parcial de sanciones
