El proceso para reestructurar la masiva deuda externa de Venezuela, estimada en 170.000 millones de dólares y en default desde 2017. Tras años de estancamiento, la incorporación de firmas de asesoría legal y financiera de primer nivel internacional marca un punto de inflexión que busca destrabar un complejo laberinto financiero y geopolítico.
En menos de un mes, la administración venezolana ha configurado un robusto esquema de asesoría internacional, validado en gran medida por licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.:
Hogan Lovells US LLP: El bufete de abogados (con sedes en Washington y Londres) fue contratado para liderar la regeneración de la deuda soberana. Su registro ante la Unidad de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia de EE. UU. oficializó su rol. La firma no es ajena al contexto venezolano; ya en 2014 prestó servicios de lobby para el país en Washington.
Centerview Partners: Nombrada como el principal asesor financiero para los asuntos de deuda soberana. Su papel será crucial para diseñar el marco de sostenibilidad y negociar las quitas y plazos con los acreedores.
Dentons Europe LLP: Se mantiene en el ecosistema de asesores, concentrada específicamente en la asesoría legal internacional para contratos petroleros y mineros, un área clave bajo la gestión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Las expectativas de un proceso de reestructuración serio han inyectado un optimismo agresivo en los mercados secundarios. En lo que va del año, los bonos del gobierno venezolano han ganado más del 80%.
Un ejemplo claro son los papeles con vencimiento en 2027, que ya se cotizan en aproximadamente 52 centavos por dólar. Si se toman en cuenta los multimillonarios intereses acumulados y no pagados desde 2017, este precio implica que el mercado ya internaliza una tasa de recuperación de alrededor del 30% del total adeudado por parte de los inversionistas.
Por su parte, el gobierno ha manifestado su intención de actuar con rapidez, prometiendo la publicación de un marco económico y un análisis de sostenibilidad de la deuda para el próximo mes. Sin embargo, los analistas coinciden en que el camino está lleno de baches críticos:
Aunque el Tesoro estadounidense autorizó los nombramientos de asesoría legal y financiera, las sanciones vigentes siguen prohibiendo de forma general que los ciudadanos y entidades bajo jurisdicción de EE. UU. negocien activamente con el gobierno venezolano o adquieran nueva deuda (indispensable para un canje de bonos). Sin una flexibilización política adicional de Washington, la reestructuración no podrá ejecutarse plenamente.
Cualquier reestructuración exitosa requiere determinar la capacidad real de pago del deudor. Tras el colapso histórico del PIB venezolano y la falta de estadísticas oficiales continuas, persisten serias dudas sobre el verdadero tamaño actual de la economía del país.
A diferencia de otras crisis soberanas, la deuda venezolana es sumamente heterogénea. Estrategas de JPMorgan Chase & Co. han advertido que conciliar este inventario será un proceso lento y controvertido. No solo se trata de los bonos globales y de PDVSA, sino de una enorme masa de compromisos que incluye:
Laudos arbitrales pendientes en el CIADI (derivados de expropiaciones).
Montos comerciales no garantizados, de procedencia no especificada y con baja transparencia.
Fuente Bloomberg
