Tras el devastador impacto del doble terremoto del pasado 24 de junio, cuyas pérdidas materiales se estiman preliminarmente en 30.000 millones de dólares, la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) ha presentado un plan de reformas legales y estímulos económicos urgentes. Gustavo García Carrasquero, presidente de la CVC, advirtió que el sector arrastra una severa contracción histórica, por lo que la única vía para garantizar soluciones habitacionales rápidas a las miles de familias damnificadas es estructurar un modelo eficiente de alianza público-privada que dinamice tanto la oferta como la demanda de inmuebles.
Para viabilizar el acceso a la vivienda, el gremio propone reestructurar la política crediticia y de subsidios estatales. En primer lugar, plantean que el subsidio del 80% anunciado por el Gobierno se entregue directamente a los beneficiarios mediante un Certificado Digital de Vivienda (emulando el exitoso modelo de reconstrucción chileno), permitiendo al comprador elegir libremente su proyecto. Asimismo, para reactivar la cartera hipotecaria, la CVC insta al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la Sudeban a coordinar una reducción temporal del encaje legal y la adopción de tasas de interés preferenciales de emergencia, dotando de liquidez inmediata a la banca para el financiamiento constructivo.
La viabilidad operativa del plan requiere, según la CVC, deslastrar al sector de cargas fiscales y burocráticas. Por ello, proponen una "tregua fiscal municipal" que exima temporalmente de patentes e impuestos a las obras civiles de reconstrucción, acompañada de una exoneración del IVA por 18 meses a los materiales de producción nacional (como cemento y cabillas). Adicionalmente, el gremio defiende la exoneración del 100% de aranceles de registro para las familias afectadas y un arancel cero para la importación de maquinaria pesada, equipos tecnológicos e insumos clave, reconociendo que la industria local no cuenta con la capacidad instalada para cubrir toda la demanda de la emergencia.
El plan de reconstrucción exige reformas estructurales a leyes que, a juicio del gremio, han paralizado el sector durante años. La propuesta prioriza la derogación urgente de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, sustituyéndola por un marco moderno que proteja al comprador sin criminalizar las preventas, una reforma que la Asamblea Nacional ya ha incorporado bajo agenda de urgencia. Igualmente, la CVC solicita modificar la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para permitir cánones en moneda extranjera y garantizar la rápida restitución del inmueble, además de derogar el artículo 23 de la Ley del Deudor Hipotecario para viabilizar formalmente la fijación de precios en divisas.
Finalmente, los constructores descartan proyectar plazos definitivos de entrega hasta que no concluya un riguroso análisis de ingeniería patológica y forense que determine las fallas estructurales y guíe un desarrollo urbano resiliente. Con este fin, la CVC propone crear una comisión técnica paritaria junto a universidades, academias y el Estado para auditar los urbanismos afectados. Asimismo, exhortan a realizar un censo inmediato de obras estatales inconclusas (incluyendo complejos como Fuerte Tiuna) para que el sector privado asuma su reforzamiento estructural y terminación, incorporando estas unidades rápidamente al mercado habitacional bajo el esquema de subsidio estatal.
