El sistema financiero venezolano enfrenta un severo estrangulamiento en su función de intermediación. La cartera de crédito bancario representa apenas entre el 2,1% y el 3,0% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra marcadamente inferior al promedio de América Latina, que oscila entre el 50% y el 75%. Esta contracción obedece principalmente a la política monetaria restrictiva implementada por el Banco Central de Venezuela (BCV) mediante coeficientes de encaje excepcionalmente elevados.
El encaje legal es la porción de las captaciones del público que las instituciones bancarias deben mantener obligatoriamente inmovilizada en el BCV, imposibilitando su canalización hacia el financiamiento productivo. Con una tasa del 73%, los bancos deben congelar 73 de cada 100 bolívares recibidos, restringiendo su capacidad prestable a solo 27 bolívares. La autoridad monetaria utiliza este instrumento para absorber liquidez y contener las presiones sobre el tipo de cambio y la inflación. Sin embargo, la medida actúa como un impuesto implícito a la intermediación que le resta más de 10 puntos de crecimiento a la cartera bancaria.
Más allá del encaje, existen otras limitantes estructurales. Destaca la dominancia fiscal, donde la emisión de dinero primario para financiar el déficit público inyecta liquidez que el emisor busca neutralizar reduciendo el crédito al sector privado. Además, la normativa impone la indexación obligatoria de los créditos comerciales en Unidades de Valor de Crédito (UVC), calculadas según el Índice de Inversión (IDI) y el tipo de cambio oficial, trasladando el riesgo cambiario al deudor e incrementando el costo financiero. A ello se suman las variaciones en el tipo de cambio, la inflación y la pérdida de confianza en la moneda local, factores que impulsan la desintermediación y el auge de financiamientos no bancarios como plataformas fintech o el mercado de valores.
Superar esta parálisis requiere una estrategia coordinada. Desde la perspectiva técnica y oficial, resulta prioritario consolidar la disciplina fiscal para erradicar el financiamiento monetario del gasto. En el ámbito monetario, gremios y analistas proponen un desescalamiento gradual del encaje legal de al menos 20 puntos porcentuales para canalizar fondos hacia la agricultura y la industria, sustituyendo la inmovilización directa por Operaciones de Mercado Abierto (OMA) mediante títulos de absorción atractivos.
