El doble terremoto del 24 de junio de 2026 alteró drásticamente el tablero de las expectativas económicas para Venezuela. Antes de la tragedia, el país experimentaba un repunte impulsado por la producción petrolera, que alcanzó un pico de 1,25 millones de barriles diarios. Sin embargo, el desastre obligó a los principales organismos a recalibrar sus modelos de crecimiento. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ajustó su previsión de expansión del PIB del 7,4% al 6,5%, estimando que el sismo restó medio punto porcentual de forma directa al desempeño anual.
Por su parte, firmas privadas y otros entes multilaterales muestran matices más marcados sobre este "frenazo" económico. Oxford Economics recortó su previsión de crecimiento para 2026 en dos puntos porcentuales, situándola en 6,3%, bajo la premisa de que los efectos contractivos se extenderán incluso a 2027. La consultora Ecoanalítica presenta otro punto de vista, reduciendo su pronóstico al 5,8% en caso de mantener una estricta disciplina fiscal, o por el contrario, un crecimiento de hasta 6,6% pero con costos más elevados para la estabilidad macroeconómica. En una línea más pesimista, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó previo a los sismos un crecimiento real del 4,0%, en un entorno donde la inflación promedio podría escalar al 387,4%.
El reto fiscal de la reconstrucción es el factor determinante en todas las proyecciones. El Banco Mundial, mediante su metodología GRADE, estimó los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares, lo que representa una gran parte del PIB nacional. A pesar de la magnitud de la pérdida en viviendas e infraestructura, existe un consenso en que el flujo de ingresos no colapsará totalmente, ya que la infraestructura petrolera estratégica en el Orinoco y Zulia no sufrió daños de consideración. Esto permite que el principal motor productivo siga operando para financiar la recuperación, aunque la sostenibilidad a largo plazo dependerá de acuerdos de reestructuración de deuda y de la capacidad de canalizar la demanda de reconstrucción hacia la oferta productiva local.
