La reestructuración de la deuda venezolana y su papel en la reconstrucción económica

Venezuela está en default desde finales de 2017 y el 13 de mayo de 2026 anunció una reestructuración integral de la deuda de la República y de Petróleos de Venezuela. Ya no es un proceso hipotético. Antes del anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos autorizó la contratación de servicios legales y financieros para negociar con los acreedores, el gobierno contrató a la firma Centerview Partners como asesora y el 8 de octubre se informó que esta ultima un documento técnico con la propuesta. El país no publica estadísticas de deuda desde hace años, así que todas las cifras son estimaciones. S&P Global calcula entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, el economista Asdrúbal Oliveros unos 170.000 millones, y el Financial Times informó en junio que el gobierno reconocería cerca de 240.000 millones. Frente a una economía de alrededor de 100.000 millones de dólares, según el Financial Times el Fondo Monetario Internacional, FMI, estimó 82.800 millones para 2025), la deuda equivaldría a entre 180% y más de 200% del Producto Interno Bruto.

Conviene precisar cuál es el problema. Como la deuda está en default, Venezuela no está pagando hoy su servicio. El costo es otro, porque las obligaciones impagas, que siguen acumulando intereses, bloquean el acceso al financiamiento externo y exponen a la República, a PDVSA y a sus activos en el exterior a embargos de acreedores. Oliveros advierte que esa restricción no desaparecería con un cambio político, porque cualquier gobierno enfrentaría las mismas reclamaciones. El caso más visible es Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, sobre la que pesan reclamos por cerca de 20.000 millones de dólares en los tribunales de Delaware, según distintas fuentes.

La complejidad viene de la variedad de acreedores. Hay unos 60.000 millones en bonos de la República y de PDVSA, intereses acumulados que se estiman entre 40.000 y 60.000 millones, préstamos de China, que Oliveros calcula en unos 18.000 millones y se pagan con petróleo, deudas comerciales y alrededor de doce arbitrajes favorables a acreedores por más de 16.000 millones, entre ellos los de Crystallex y ConocoPhillips. Un obstáculo clave es que muchos bonos de PDVSA no incluyen cláusulas de acción colectiva, es decir, la regla que permite que una mayoría obligue a los acreedores que no aceptan el canje. Sin ella, un grupo pequeño puede resistirse y litigar. Para reducir ese riesgo se han propuesto herramientas como los exit consents, usados en Ecuador en 2000, y el economista Alejandro Werner plantea fijar primero la capacidad de pago y las necesidades de reconstrucción, y atar ciertos pagos a umbrales de ingresos petroleros. Sobre el tamaño de la quita no hay una cifra oficial. S&P recuerda que en reestructuraciones recientes las quitas nominales fueron de 22% a 34% y las pérdidas de valor de mercado de 39% a 55%, de modo que los porcentajes de 70% a 80% que a veces se mencionan no tienen respaldo en estos precedentes.

El calendario es incierto. El gobierno aspira a cerrar un acuerdo antes de que termine 2026, aunque muchos analistas esperan que ocurra en 2027, y Oliveros estima que completarlo tomaría de uno a dos años después de presentada la propuesta. Un punto delicado es que el FMI, con el que Venezuela retomó relaciones en abril tras siete años, no elaboró el análisis de sostenibilidad de la deuda, algo inusual en procesos de esta escala, y algunos opositores temen que eso debilite la posición negociadora frente a los tenedores de bonos. Lo que se pueda ofrecer dependerá de los ingresos externos del país, y el petróleo representa cerca de 25% del PIB y 80% de las exportaciones, según S&P. Por eso la reestructuración no es solo un trámite contable. Si se concreta en términos sostenibles, abriría la puerta al financiamiento y a la inversión, pero seguirá dependiendo de que la producción y los ingresos petroleros avancen y de que el país diversifique su economía.

Fuentes: Curadas, 14 de mayo y 8 de octubre de 2026; Bloomberg Línea, 8 de mayo de 2026, con datos de S&P Global; Financial Times, 24 de junio de 2026, vía El Tiempo y Euronews; iProfesional, 30 de julio de 2026; Finanzas Digital, entrevista a Asdrúbal Oliveros; El Nacional, columna de septiembre de 2026; cálculos propios