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La economía venezolana ha experimentado un cambio de ritmo significativo al cierre del primer semestre de 2026. Tras alcanzar en mayo su punto más bajo en 19 meses con un 6,3 %, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV) registró un repunte del 13,8 % en junio. Este incremento no solo representa más del doble de la variación del mes anterior, sino que pone fin a la tendencia de desaceleración que se había mantenido durante los primeros cinco meses del año. Con este resultado, junio se posiciona como el tercer mes con mayor inflación en lo que va de año, solo superado por los picos de enero (32,6 %) y febrero (14,6 %), llevando la inflación acumulada del primer semestre a un preocupante 129,82 %.
Este fenómeno responde a una combinación de ajustes técnicos y eventos imprevistos. En primer lugar, el sector transporte lideró las alzas con un 16,2 %, impulsado directamente por la entrada en vigencia de una nueva tarifa del pasaje mínimo urbano, que pasó de 100 a 140 bolívares, un aumento del 40 %. A esto se sumó el comportamiento estacional del sector educación (15,2 %), debido a los ajustes de fin de año escolar y las inscripciones para el nuevo período. Paralelamente, la estabilidad cambiaria se vio presionada por una depreciación del bolívar del 14 % frente a divisas extranjeras durante el mes. Finalmente, un factor de distorsión adicional fue el doble terremoto ocurrido en el norte del país a finales de junio; la devastación en zonas como La Guaira disparó la demanda de bienes esenciales como alimentos no perecederos e insumos médicos, generando presiones alcistas en los precios de estos rubros.
El salto inflacionario de junio evidencia la fragilidad de la estabilidad de precios en un entorno donde los ajustes de tarifas públicas y la depreciación de la moneda impactan rápidamente en el bolsillo ciudadano. La cifra interanual, que se ubica en 544,13 %, nos recuerda que la inercia inflacionaria sigue presente pese a los esfuerzos de contención. La necesidad de redirigir el gasto público hacia la reconstrucción post-terremoto plantea un nuevo desafío macroeconómico: cómo atender la emergencia sin exacerbar la emisión monetaria ni profundizar el ciclo de alzas en el corto plazo.
