El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico plantea un giro en la política económica venezolana, al desmontar el monopolio estatal consolidado con la nacionalización de 2007 y formalizado en la ley de 2010. Fue aprobado por unanimidad en primera discusión el 2 de junio de 2026, pero sigue a la espera de la segunda discusión en la Asamblea Nacional, por lo que aún no es ley. Contempla concesiones de hasta 25 años, prorrogables por 15 más, para capital privado y mixto, y un esquema de tarifas que refleje los costos reales y permita una rentabilidad razonable. Sin embargo, quitar restricciones legales no convierte al sector en un activo atractivo por sí solo. La inversión de gran escala exige seguridad jurídica, un regulador independiente y mecanismos claros para reducir el riesgo cambiario y tarifario, y en ese punto el texto es débil, pues las facultades de otorgar concesiones, fijar tarifas, supervisar y sancionar quedan en manos del Ministerio de Energía Eléctrica.
El punto de partida es crítico. El Sistema Eléctrico Nacional opera con un déficit superior a 1.500 megavatios y solo cerca de 40% de sus 32.800 megavatios de capacidad instalada está disponible, aunque ingenieros del sector estiman un déficit mayor, de entre 3.000 y 3.900 megavatios. Según Conindustria, en el segundo trimestre las empresas manufactureras pasaron en promedio 214 de 488 horas laborables sin electricidad (44%), 68% más que en el primer trimestre, con diferencias marcadas entre regiones: 333 horas en el Zulia y 82 en la región Capital. Solo 5% del sector puede generar toda su electricidad, y quienes recurren a plantas propias gastan entre 2.500 y 3.000 dólares mensuales por empresa. Aun así, el cuadro tiene matices: la utilización de la capacidad instalada subió a 51,7% desde 48,4% en el primer trimestre, la producción manufacturera creció 8,1% en el primer semestre, y la carga tributaria, no la electricidad, fue el principal obstáculo señalado por las empresas (70% frente a 68%). En el petróleo, Chevron advierte que un solo parpadeo del suministro puede sacar de operación hasta 40 pozos y que la Faja del Orinoco depende por completo de la red nacional.
Si el sistema se estabilizara, el beneficio sería amplio. La manufactura reduciría el costo de operar con generadores de diésel y podría aprovechar mejor su capacidad instalada, y la brecha de racionamiento entre la región Capital y el interior se achicaría. En lo fiscal y monetario, un suministro confiable favorece que la producción petrolera, que PDVSA proyecta cerrar 2026 en 1,3 millones de barriles diarios, siga creciendo y genere más ingresos y divisas. Pero la relación es de doble vía, porque se estima que la industria petrolera consume cerca de 1.600 megavatios, de modo que su expansión también presiona la red (ingeniero Roberto Vernet). Además, tarifas que reflejen costos implicarán aumentos, sobre todo para usuarios industriales y comerciales, con un servicio doméstico hoy subsidiado en torno a 5 dólares mensuales (La Jornada; Efecto Cocuyo). El Ejecutivo prevé sumar 1.300 megavatios en el último trimestre de 2026 (El Nacional), pero cerrar una brecha de miles de megavatios exigirá años de inversión y un marco legal que inspire confianza.
(Fuente: Descifrado, Efecto Cocuyo; Reuters,CAF; El Nacional; PDVSA, vía YVKE).
