La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, abriendo paso a la participación privada mediante licencias y concesiones de hasta 25 años en generación, transmisión, distribución y comercialización. Aunque el Estado conservará el control sobre las principales cuencas hidroeléctricas, las redes troncales y el despacho, el nuevo marco permitirá que los generadores negocien contratos bilaterales directos con grandes consumidores e introduce mecanismos de arbitraje y mediación para garantizar la recuperación de inversiones.
Para administrar este esquema, la legislación crea la Superintendencia de Sistema Eléctrico, encargada de fijar tarifas basadas en costos eficientes de operación e inversión y de regular un sistema de subsidios focalizados. Según adelantó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, los cobros estarán indexados al tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela —actualmente el euro—, mientras que las tarifas subsidiadas para usuarios de bajos ingresos se financiarán con los aportes de los sectores comercial, industrial y de actividades económicas.
Este rediseño financiero responde al deterioro de una infraestructura que requiere entre 15.000 y 40.000 millones de dólares y hasta 15 años para su estabilización, según estimaciones de Siemens Energy, General Electric y Aviem, en un contexto donde la demanda alcanza los 15.579 MW frente a una producción máxima cercana a los 13.000 MW. Pese a los acuerdos anunciados para incorporar 7.400 MW con firmas como GE Vernova e IMPSA, la ejecución enfrenta condicionamientos financieros, pues empresas como GE Vernova han supeditado el inicio de las obras a la recepción previa de los primeros desembolsos.
La reforma consolida un proceso de reducción progresiva de subsidios iniciado en 2020 que ya ha generado alzas significativas en las facturas, con incrementos documentados de entre 400% y 750% en el sector productivo durante los últimos doce meses hasta junio de 2026 y ajustes en los recibos residenciales. No obstante, estas variaciones tarifarias aún no se traducen en una mejora de la continuidad eléctrica, obligando a cerca del 60% del sector turístico y a buena parte de la industria a asumir costos adicionales de autogeneración para sostener sus operaciones.




