La nueva Ley Orgánica de Minas en Venezuela se encuentra en su fase final de aprobación. Tras superar la primera discusión, el Parlamento aprobó 55 de los 126 artículos en segunda discusión a finales del pasado mes de marzo. El objetivo fundamental de esta reforma es sustituir el decreto vigente desde 1999.
Con esta normativa, la Asamblea Nacional busca crear la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera, con la cual se pretende atraer inversión privada y extranjera bajo un marco de mayor seguridad jurídica, una medida vital por parte del Ejecutivo para reactivar el flujo de divisas al país.
Este impulso legislativo coincide con la reciente emisión de la Licencia General 51 por parte de la OFAC en Estados Unidos. Dicha licencia permite la compra, transporte y refinación de metales preciosos, siempre que los contratos se rijan por leyes estadounidenses y los pagos se canalicen a través de fondos específicos supervisados.
En un contexto donde el precio del oro ronda los 4.500 dólares por onza en el mercado global, Venezuela intenta posicionarse como un actor de peso abierto al capital internacional. Según cifras oficiales, el balance de producción de oro en 2025 cerró en 9,5 toneladas; no obstante, a través del denominado Plan Oro, el Gobierno aspira a un incremento del 30% para el cierre de 2026.
No obstante, el cumplimiento de la meta de expansión del 30% para 2026 está intrínsecamente ligado a mejoras estructurales. La industria minera requiere un suministro eléctrico estabilizado y una modernización profunda de la infraestructura vial y logística en el Arco Minero del Orinoco. Sin una inversión concurrente en servicios públicos y seguridad territorial que reduzca los costos operativos, el potencial geológico del subsuelo estimado por el CIIP en hasta 8.000 toneladas difícilmente podrá transformarse en un flujo constante de ingresos que impacte de manera estructural en el PIB nacional.
En cuanto al rendimiento por sectores, el sector público reportó un incremento del 81%, mientras que el sector privado mostró una expansión en la producción aurífera de entre el 34,8% y el 41%. A pesar de estas cifras de producción, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) cerraron 2025 en 47 toneladas, lo que representa una disminución frente a las 53 toneladas del periodo anterior.
El propósito final es que la minería impulse el crecimiento económico nacional, reduzca la dependencia petrolera y genere un incremento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB).
