La inflación de septiembre se ubicó en 8,4%, según el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que significa que el promedio ponderado de los bienes y servicios que mide el ente emisor aumentó en esa proporción durante el mes. En lo que va de año, la inflación acumulada llega a 225,3%, mientras que la variación interanual alcanza 465,6%. Aunque el porcentaje varía según el rubro y los patrones de consumo de cada familia, estas cifras funcionan como referencia general. Un dato más bajo no implica que los precios hayan disminuido, sino que crecen con menor velocidad, un proceso conocido como desaceleración: la acumulada de septiembre de 2026 es inferior a la del mismo mes de 2025 (225,32% frente a 230,9%).
La medición oficial también presenta limitaciones. El BCV dejó de publicar hace más de diez años la inflación subyacente, un indicador que excluye componentes volátiles como ciertos alimentos y productos energéticos para detectar las presiones de precios más persistentes. Tampoco divulga índices de precios al mayor, de la construcción o de la industria manufacturera. Además, el año base es 2007 y la canasta fue elaborada en 2005, las más antiguas de América Latina, por lo que no reflejan los cambios en el consumo tras la prolongada recesión. A mediados de octubre, Dora Iakova, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que el organismo trabaja con las autoridades y ha brindado asistencia técnica para mejorar la calidad de los datos.
Sobre sus causas, los economistas coinciden en que la cantidad de dinero circulante ocupa un lugar central, junto con el gasto público, las expectativas, la disponibilidad de divisas y el tipo de cambio. Desde inicios de los años 80, el financiamiento del BCV al Gobierno ante la caída de los ingresos petroleros inyectó dinero sin respaldo, un mecanismo que se agudizó hasta derivar en la hiperinflación entre 2017 y 2021, según el criterio del economista, Philip Cagan (50% mensual durante al menos tres meses consecutivos). Un estudio de Pedro Atienza Montero, publicado en la revista Kyklos, señala que entre 2013 y 2017 el impulso vino de la depreciación del tipo de cambio paralelo, y que la emisión desmedida de bolívares predominó entre 2018 y 2021. Por su parte, los trabajos de Robert E. Hall y Michael Woodford, galardonados este año con el Nobel de Economía, resaltan el peso de las expectativas y de la credibilidad de los bancos centrales.
Para frenar la inflación, la experiencia internacional apunta a combinar orden fiscal, es decir, financiar el gasto público con ingresos reales y no con dinero creado por el banco central; estabilidad cambiaria, que ayuda a anclar precios y expectativas; credibilidad de la autoridad monetaria; y mayor oferta de bienes y servicios, que depende de la inversión y de los ingresos en divisas, principalmente petroleros. El Gobierno ha descartado la dolarización, por lo que el reto se centra en recuperar la confianza en el bolívar mediante un plan sostenible en el tiempo. Los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo son pensionados, asalariados y quienes no tienen acceso a divisas ni a instrumentos para resguardar sus ahorros.
Fuente: Bitácora Económica
