Un cambio radical está por sacudir el tablero energético del hemisferio occidental. Exxon Mobil está cerca de concretar un acuerdo para volver a producir petróleo en Venezuela, según informó un reporte de The New York Times.
La gigante estadounidense se encuentra negociando los derechos de producción en seis campos petroleros, lo que representa un giro de 180 grados en su relación con Caracas tras casi dos décadas de intensas disputas legales.
Este acercamiento no ocurre de forma aislada; responde directamente a la nueva política energética de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario busca consolidar la "dominancia energética" de EE. UU. y aprovechar las vastas reservas venezolanas “las más grandes del mundo”.
De hecho, el propio presidente Trump ha instado públicamente a las petroleras a invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para reconstruir su golpeado sector energético. De concretarse el trato, la Casa Blanca lo presentará como un gran logro político, reforzando la estrategia de Washington de asegurar fuentes de energía estables y cercanas dentro de la región.
La velocidad con la que ha cambiado la postura de la multinacional es notable:
Enero: Exxon Mobil calificó formalmente a Venezuela como un territorio "no apto para inversión".
Mayo: La compañía suavizó significativamente su discurso, reconociendo públicamente su enorme experiencia técnica en el manejo de crudo pesado, el tipo de petróleo que predomina en el subsuelo venezolano.
Este cambio de narrativa evidencia que el pragmatismo económico y el respaldo político de Washington están pesando más que la reticencia inicial de la directiva de la empresa.
A pesar del optimismo político, el regreso de Exxon Mobil a tierras venezolanas enfrenta dos obstáculos mayúsculos:
Colapso de infraestructura: La industria petrolera local requiere inversiones multimillonarias urgentes simplemente para recuperar su capacidad básica de producción y transporte tras años de desinversión.
Heridas legales abiertas: persisten reclamaciones legales de la empresa contra el Estado venezolano debido a la nacionalización y expropiación de sus activos en 2007, ejecutada bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.
El éxito de este nuevo capítulo dependerá de cómo la petrolera y el gobierno venezolano logren equilibrar la necesidad mutua de producir crudo con el pesado equipaje financiero e histórico que cargan a sus espaldas.
