.jpg&w=3840&q=75)
Durante 2026, el indicador de riesgo país de Venezuela, medido por el Emerging Markets Bond Index (EMBI) de JPMorgan, se redujo cerca de 52%, al pasar de 12.671 puntos básicos el 2 de enero a 6.037 puntos básicos hacia comienzos de septiembre (JPMorgan, vía Bloomberg Línea). Esta caída en la prima de riesgo responde a una reevaluación de los bonos soberanos y de PDVSA en el mercado secundario internacional, impulsada por tres factores: la reorganización político institucional tras los hechos del 3 de enero de 2026, el restablecimiento de contactos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional en abril, y la flexibilización operativa mediante licencias de la OFAC en el sector energético.
Conviene precisar, desde la teoría financiera, que esta caída del EMBI no equivale a un acceso inmediato al financiamiento ni a la resolución automática del impago que el país arrastra desde 2017. Lo que ha hecho el mercado es revalorizar cuánto podrían recuperar los tenedores de esos bonos en un eventual proceso de reestructuración, no otorgarle a Venezuela la posibilidad de emitir deuda nueva. Esa expectativa se apoya, en parte, en la reactivación del flujo de divisas petroleras: los ingresos facturados por PDVSA por exportaciones alcanzaron 17.200 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, un alza de 76% frente al mismo período de 2025 (Bitácora Económica), aunque esa cifra corresponde a ventas facturadas y no necesariamente a lo que PDVSA o el Estado venezolano llegan a cobrar o a tener disponible de inmediato. Con base en estimaciones de que cerca de 70% de esos ingresos se canaliza al mercado cambiario, el Banco Central de Venezuela habría inyectado más de 12.000 millones de dólares en ese período, lo que ayudaría a acercar el tipo de cambio del sistema bancario a la referencia que se cotiza en plataformas de criptoactivos.
Sobre las proyecciones macroeconómicas, no existe un consenso único. Economistas de Síntesis Financiera, en un foro organizado por la UCAB a inicios de 2026, estimaron un crecimiento del PIB de 10,4% y una inflación que cerraría el año entre 167% y 174%. Otros organismos son bastante más cautelosos: el FMI ha proyectado escenarios con inflación muy superior y un crecimiento de apenas 4%, el PNUD calcula 7,4% de crecimiento con 271,6% de inflación, y consultoras como Ecoanalítica u Oxford Economics ubican sus estimaciones en rangos intermedios. Esa dispersión refleja, sobre todo, la dificultad de proyectar una economía con estadísticas oficiales limitadas.
En cuanto a la inversión extranjera directa, las implicaciones más claras se concentran, por ahora, en el sector energético. La caída del riesgo país coincide con compromisos concretos de multinacionales como Chevron, que anunció inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años para duplicar su producción en el país (Chevron; Efecto Cocuyo), junto con acercamientos de Repsol y Eni. Sin embargo, atraer capital hacia sectores no petroleros y facilitar la emisión voluntaria de deuda dependerá de resolver una masa de obligaciones externas que se estima entre 160.000 y 240.000 millones de dólares, alrededor de 216% del PIB. En conclusión, el mercado parece estar valorando a Venezuela como un caso de recuperación de activos estratégicos, en el que la mejora de los indicadores macroeconómicos allana el camino hacia una eventual reestructuración financiera y una atracción más amplia de inversión, aunque todavía queda un trecho importante por recorrer.
