El debate sobre la dolarización formal ha reaparecido como un eje central de la discusión económica en Venezuela durante agosto de 2026, impulsado por una propuesta legislativa presentada de manera conjunta por el diputado Antonio Ecarri y el economista estadounidense Steve Hanke. El planteamiento del profesor de la Universidad Johns Hopkins busca institucionalizar el esquema bimonetario e informal vigente desde 2019 mediante una transición hacia el dólar como única moneda de curso legal. La arquitectura de esta reforma contempla fijar una tasa de conversión definitiva para transformar automáticamente los depósitos en bolívares a divisas, prohibiendo de forma estricta que el Banco Central de Venezuela (BCV) emita liquidez sin respaldo para financiar el déficit fiscal, histórico detonante de la inflación en el país.
En el plano teórico, los defensores del modelo sostienen que la medida generaría un "choque de confianza" de impacto inmediato. Al erradicar el riesgo cambiario, el esquema busca eliminar la inflación de raíz, reducir las tasas de interés reales y reactivar la intermediación crediticia a largo plazo. Asimismo, contar con una unidad de cuenta plenamente estable ofrecería un marco de previsibilidad indispensable para atraer inversiones extranjeras directas en sectores estratégicos como los hidrocarburos, donde los horizontes de retorno exigen alta certeza macroeconómica.
Sin embargo, la experiencia macroeconómica señala importantes costos estructurales. Al renunciar de manera definitiva a la moneda nacional, Venezuela pierde la flexibilidad de la política monetaria y cambiaria para amortiguar choques externos, además de despojar al BCV de su función como prestamista de última instancia ante eventuales crisis de liquidez en el sistema bancario. Por otra parte, analistas locales advierten sobre un "efecto apreciación" que podría golpear al aparato productivo nacional: con costos operativos locales fijados en dólares y sin margen para devaluar, la industria manufacturera perdería competitividad frente a los productos importados. A esto se suma el requisito técnico del canje, el cual exige un volumen de reservas internacionales líquidas en el ente emisor que hoy resulta insuficiente, corriendo el riesgo de provocar una severa depreciación previa a la implementación de la medida.
Para dimensionar esta encrucijada, la dolarización formal funciona como un ancla arrojada en medio de una tormenta inflacionaria prolongada, logrando estabilizar de inmediato el barco de los precios. Sin embargo, al fijar esa ancla, la autoridad económica cede el control de la política monetaria necesario para maniobrar ante futuras crisis globales, dejando a la industria nacional expuesta a la competencia externa. La decisión de fondo no radica simplemente en cambiar de moneda, sino en evaluar si la estabilidad inmediata compensa las rigideces estructurales de operar bajo una divisa ajena.
