La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026 marca un giro hacia la eliminación del monopolio operativo estatal de 1975. El cambio técnico medular es la institucionalización de los Contratos de Participación Productiva, que permiten a empresas privadas asumir la gestión integral de logística y costos, donde se introduce una flexibilidad fiscal con regalías ajustables hasta el 30% y un nuevo Impuesto Integrado de Hidrocarburos de hasta el 15%. Además, se restaura la seguridad jurídica al habilitar mecanismos de arbitraje internacional y mediación independiente.
Financieramente, el país transita en un esquema de tutela de flujos de caja, donde el Departamento del Tesoro de EE. UU. custodia los ingresos por ventas de crudo para protegerlos de acreedores y asegurar su uso en áreas críticas. Con un esquema que permitió que las exportaciones repuntaron a 800.000 bpd en enero, Estados Unidos ha vuelto a ser el principal comprador desplazando a China.
El bloqueo del Estrecho de Ormuz generó un choque de oferta que beneficia a Venezuela. Con el 20% del flujo mundial en riesgo, tras eso, el precio del crudo Brent ha subido sobre los 99,8 dólares, con expectativas de más de 120 dólares. En este contexto, el país se posiciona como el proveedor más viable para el hemisferio occidental, captando la demanda desplazada del Golfo Pérsico. Según los economistas Hermes Pérez y Luis Crespo, este auge geopolítico podría elevar los ingresos petroleros a niveles de entre 25 a 30 mil millones de dólares en 2026.
Esto proyecta una expansión del PIB petrolero del 20,8%. No obstante, la sostenibilidad es frágil debido a una infraestructura deteriorada que requiere inversiones de 250.000 millones de dólares para recuperar la producción histórica. Además, el crecimiento sigue bajo la dependencia de las licencias de la OFAC, la importación de diluyentes para movilizar el crudo de la Faja del Orinoco y el reto de evitar recaer en la dependencia del rentismo petrolero ante la bonanza petrolera.
